Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad

¿Cómo actúa la UE en estas materias?

 

  • JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

    La UE se funda en los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
    La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge todos los derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales de que gozan los ciudadanos de la UE.
    Objetivos

    • Respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y sus países miembros.
    • Igualdad de trato con independencia del sexo, la raza u origen étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual.
    • Protección de los datos personales en cualquier lugar de la UE.
    • Acceso a la justicia en caso de dificultades legales en cualquier lugar de la UE.
    • Protección y empoderamiento de los consumidores.

    Además, la UE se esfuerza por consolidar la confianza mutua entre los tribunales y las administraciones de los Estados miembros de la UE para que reconozcan mutuamente sus respectivas resoluciones judiciales. Esto reviste especial importancia en los procedimientos civiles relacionados con divorcios, custodia de los hijos y las demandas de pensión alimenticia. Eurojust facilita la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales para ayudar a combatir delitos graves como la corrupción, el terrorismo y el tráfico y distribución de drogas, mientras que la orden de detención europea reemplaza a los largos procedimientos de extradición de personas sospechosas o condenadas al país donde van a ser o hayan sido juzgadas. La recién creada Fiscalía Europea, cuyos trabajos empezarán en 2020, investigará, procesará y llevará a juicio los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo grave en materia de IVA.

Noticias sobre "VALORES Y DERECHOS, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD"

Noticia: La Comisión Europea se distancia de la campaña del Consejo de Europa contra la incitación al odio

La Comisión Europea confirmó que había apoyado financieramente el proyecto WE CAN for human rights speech (#WECAN4HRS). Sin embargo, asegura que no ha participado en la campaña en línea que se lanzó en el marco de este proyecto y que actualmente está causando polémica en Francia.

La campaña consistía en fotos y vídeos de mujeres jóvenes llevando el hiyab con leyendas como "mi pañuelo significa que puedo ser yo misma sin tener que esconderme", "mi pañuelo significa que soy libre, orgullosa de ser como soy" o "celebra la diversidad y respeta el hiyab".
Estas imágenes se produjeron y difundieron en el marco del proyecto #WECAN4HRS, dirigido por el Consejo de Europa para combatir el discurso de odio, especialmente contra la comunidad musulmana, mediante la participación de los jóvenes. Las declaraciones publicadas son las de los participantes en el proyecto.
Sin embargo, fueron retiradas a petición de Francia. Criticando un "enfoque identitario", la secretaria de Estado francesa de Juventud y Compromiso, Sarah El Haïry, confirmó que su gobierno estaba detrás de la retirada.
El proyecto #WECAN4HRS en su conjunto contó con el apoyo financiero de la Comisión Europea por valor de 340.000 euros, en el marco de una convocatoria de propuestas lanzada en 2019 dentro del programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía.
 

 

 

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Noticia: Barcelona, Helsinki, Lovaina, Luxemburgo, Palma y Oporto optan al premio Access City 2022

Sólo las ciudades de Barcelona (España), Helsinki (Finlandia), Lovaina (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo), Palma (España) y Oporto (Portugal) siguen optando al Premio Ciudades Accesibles 2022, según anunció la Comisión Europea.

Un jurado de expertos nacionales y de la UE seleccionó a estos seis finalistas entre las 40 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes que se presentaron. Los resultados finales se anunciarán el 3 de diciembre. En el marco del Año Europeo del Ferrocarril, este año se concederá una mención especial a la ciudad que más haya hecho por hacer sus estaciones accesibles a las personas con discapacidad. El Premio a la Ciudad Accesible fue lanzado en 2010 por la Comisión para reconocer "la voluntad, la capacidad y el esfuerzo de una ciudad por ser más accesible".

 

 

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Noticia: La Comisión presenta la primera estrategia de la historia de la UE para combatir el antisemitismo y fomentar la forma de vida judía

Ante el aumento preocupante del antisemitismo, en Europa y en el resto del mundo, la estrategia establece una serie de medidas de la UE articuladas en torno a tres pilares.

La estrategia establece medidas centradas en:

1) la prevención y la lucha contra todas las formas de antisemitismo;

2) la protección y la promoción del modo de vida judío en la UE, y

3) la pedagogía, la investigación y la conmemoración del Holocausto. Estas medidas se complementan con los esfuerzos internacionales de la UE para luchar contra el antisemitismo en todo el mundo.

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Noticia: Discapacidad, los eurodiputados denuncian la persistente falta de inclusión y accesibilidad en las instituciones de la UE

Los debates plenarios sobre este texto fueron una oportunidad para que los eurodiputados denunciaran la falta de inclusividad en las instituciones europeas, incluido el Parlamento, tanto para aquellos con limitaciones físicas, como sensoriales.

Como subrayó el eurodiputado griego Stelios Kympouropoulos el Parlamento Europeo es un lugar "donde una persona discapacitada, como yo, en silla de ruedas, no puede acercarse a la mesa central, para hablar, como hacen otros colegas"

"Es una vergüenza para esta Cámara", reaccionó el alemán Katrin Langensiepen al respecto. El eurodiputado, que habló en nombre de los Verdes/ALE, también lamentó la falta de interpretación internacional del lenguaje de signos en el discurso sobre el estado de la Unión del mes pasado.

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Noticia: El servicio jurídico del PE aprueba la base jurídica de la directiva sobre el salario mínimo

El martes 28 de septiembre, el servicio jurídico del Parlamento Europeo emitió un dictamen positivo sobre la base jurídica de la directiva sobre salarios mínimos adecuados. No obstante, recomienda revisar la redacción de los artículos relativos a los convenios colectivos y a los criterios de fijación de un salario adecuado.

En sus conclusiones, el Servicio Jurídico considera que la base jurídica elegida por la Comisión Europea (es decir, el apartado 2 del artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en relación con la letra b) del apartado 1 del artículo 153) es "correcta" y se ajusta a los objetivos establecidos en la propuesta original de la Comisión Europea.
Según el Servicio Jurídico, la propuesta de la Comisión Europea no persigue otros objetivos paralelos que requieran la adición de otra base jurídica de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
El dictamen presentado, debería contribuir a acallar las críticas de los eurodiputados de Europa Central y del Norte que cuestionan la solidez de la base jurídica del texto. Se espera que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE vote las enmiendas de compromiso el 25 de octubre.
En el Consejo de la UE, el Servicio Jurídico había emitido un dictamen jurídico que validaba la base legal de la directiva. Sin embargo, ha adoptado una visión muy restrictiva de la directiva y ha limitado fuertemente el margen de maniobra en las negociaciones.

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Noticia: La Eurocámara pide que la violencia de género sea considerada delito en la UE

El Parlamento quiere que la violencia de género, tanto en línea como fuera de ella, sea tratada como «un delito particularmente grave y con dimensión transfronteriza». El pleno pidió a la Comisión leyes y políticas específicas para abordar todos los tipos de violencia y discriminación basadas en el género (contra mujeres y niñas, pero también dirigidas a personas LGBTIQ+), en línea y fuera de ella.

Los eurodiputados reclaman, en concreto, que la CE define la violencia de género como un nuevo ámbito delictivo en virtud del artículo 83 del Tratado de la UE, junto a otros delitos que hay que combatir con criterios comunes, como el tráfico de personas, drogas y armas, la ciberdelincuencia y el terrorismo. Esto serviría como base jurídica para una directiva europea centrada en las víctimas a partir de lo establecido en la Convención de Estambul y otras normas internacionales y que debe incluir medidas de prevención, incluidos programas educativos sensibles a las cuestiones interseccionales y de género; servicios de apoyo y medidas de protección y reparación para las víctimas; medidas para combatir todas las formas de violencia de género, incluida la violencia contra las personas LGBTIQ+; normas mínimas para el cumplimiento de la ley; disposiciones para garantizar que la violencia de género sea tenida en cuenta a la hora de determinar los derechos de custodia y de visita de los hijos, y cooperación entre los Estados miembros y el intercambio de buenas prácticas, información y conocimientos especializados.

Denegar el aborto legal y seguro también es violencia de género Los eurodiputados denuncian el feminicidio como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres y las niñas y recalcan que la denegación del aborto legal y sin riesgo también es una forma de violencia de género. Recuerdan a este respecto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias ocasiones que la legislación restrictiva sobre el aborto y la falta de aplicación violan los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, agregan que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la violencia sexual, ginecológica y obstétrica y las prácticas nocivas, constituyen una forma de violencia de género contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas transgénero y no binarias.

Una lacra agravada por la pandemia La resolución hace hincapié en las consecuencias adversas a nivel personal, social y económico que tiene la violencia de género y reiteran que la situación se ha visto exacerbada por la pandemia, con aumentos de hasta el 60% en las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. El confinamiento dificultó, además, la búsqueda de ayuda, agravando una «pandemia en la sombra», lamentan los eurodiputados. El texto también afirma que la falta de confianza de las víctimas en las autoridades policiales y el sistema judicial contribuye de manera importante a la infra notificación. Para combatirla y evitar también la doble victimización, pide a los Estados miembros que mejoren los recursos y la formación de médicos, policías, jueces, forenses y otros profesionales que tratan con víctimas de la violencia de género.

 

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Noticia: Resultados de un Eurobarómetro sobre fondos y respeto del Estado de derecho

Según los resultados de una encuesta del Eurobarómetro publicada el viernes 10 de septiembre por el Parlamento Europeo, el 81% de los participantes afirma que la UE sólo debe conceder fondos a los Estados miembros que respeten el Estado de Derecho y los valores democráticos.

Una gran proporción de los encuestados (85%) considera importante que la UE haga del respeto de sus valores fundamentales -como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho- una prioridad en sus relaciones con los principales actores internacionales.

Según la encuesta, publicada antes del acto sobre el estado de la Unión Europea del 15 de septiembre, tres de cada cinco ciudadanos (60%) creen que los proyectos financiados por el plan de recuperación económica de la UE, Next Generation EU, ayudarán a su país a superar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus.

El 59% también afirma que el programa ayudará a su país a estar mejor preparado para los retos futuros.

La encuesta también muestra que el 53% de los ciudadanos europeos tiene una imagen positiva de la UE, y sólo el 19% tiene una imagen bastante o muy negativa de la misma.

 

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Noticia: El Tribunal de Justicia afirma que el fin del derecho de residencia de un ciudadano extracomunitario víctima de violencia por parte de su cónyuge comunitario no vulnera los derechos fundamentales

Una posible diferencia de trato entre una ciudadana extracomunitaria víctima de violencia por parte de un cónyuge de la UE y una ciudadana extracomunitaria que reside legalmente en la UE y que es víctima de la misma violencia por parte de un cónyuge extracomunitario no vulnera la igualdad en el derecho, dictaminó el 2 de septiembre el Tribunal de Justicia.

En una sentencia prejudicial (asunto C-930/19, Estado belga), el Tribunal de Justicia subrayó que un nacional de un tercer país que es víctima de violencia doméstica cometida por su cónyuge, ciudadano de la Unión, no se encuentra en una situación comparable a la de un nacional de un tercer país que es víctima de violencia doméstica cometida por su cónyuge, nacional de un tercer país.

De este modo, el Tribunal de Justicia responde a una cuestión planteada por el Consejo de lo Contencioso en materia de Extranjería de Bélgica, a raíz de un recurso presentado por un nacional argelino X legalmente establecido en la UE contra una decisión belga de poner fin a su derecho de residencia.

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Noticia: El Parlamento Europeo pone en duda la eficacia de los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de Derecho

Los miembros de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo acogieron con dudas el pasado 1 de septiembre el segundo informe anual sobre el Estado de Derecho presentado por la Comisión el 20 de julio. Así lo hicieron saber durante un debate con el Comisario de Justicia, Didier Reynders.

Según el comisario, el primer informe anual, publicado en 2020, ha tenido ya "un impacto real; es más que una evaluación de la situación del Estado de Derecho; permite influir concretamente en las reformas de los Estados miembros”.

Sin embargo, los eurodiputados no lo ven así. El ponente del tema, el español Domenec Ruiz Devesa (S&D), encontró algunos puntos positivos en esta segunda edición al considerar que  el análisis es más exhaustivo que en el primer informe; es más claro y destacado pero advierte de que el informe no hace lo suficiente con los casos más duros y los gobiernos más resistentes, como el polaco. También cree que este informe debe ir acompañado de recomendaciones y plazos estrictos.

Los eurodiputados pidieron a la Comisión que sea más decisiva con Polonia y Hungría.

El Comisario expresó su preocupación por la vulneración del Estado de Derecho de la UE, principio sobre el que la justicia polaca se pronunciará próximamente tras el aplazamiento de su decisión, prevista inicialmente para el 31 de agosto.

La ministra de Justicia eslovena, Marjan Dikaučič, dijo a los eurodiputados durante el debate sobre las prioridades de la Presidencia en el ámbito de la justicia que los diálogos sobre el Estado de Derecho y los procedimientos del artículo 7 estarán entre sus prioridades. Habrá un debate general sobre el informe anual en octubre, un debate más específico sobre 5 países en noviembre y los procedimientos del "Artículo 7" estarán en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de diciembre.

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Noticia: La Comisión Europea registra la iniciativa ciudadana de un sistema de depósito para el reciclaje de botellas de plástico

La Comisión Europea ha decidido registrar la iniciativa ciudadana europea "ReturnthePlastics", cuyo objetivo es crear un sistema de depósito a escala europea para el reciclaje de botellas de plástico.

El objetivo de la iniciativa es conseguir que los Estados miembros de la UE animen a los supermercados que venden botellas de plástico a establecer puntos de recogida y cobrar a los productores por su reciclaje, de acuerdo con el principio de "quien contamina paga". Los organizadores de la iniciativa tienen ahora un año para recoger al menos un millón de firmas en al menos siete Estados miembros diferentes. En caso necesario, la Comisión puede decidir si da curso a la solicitud. En este enlace está el texto de la iniciativa: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_es

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Noticia: Plan de la Comisión sobre el reconocimiento mutuo de la paternidad en la UE

El proyecto de legislación de la Comisión sobre la paternidad en la UE está generando mucha controversia antes de ver la luz.

El miércoles 25 de agosto, la consulta pública sobre la iniciativa, que cuenta con el firme apoyo de la presidenta de la Comisión, concluyó con el compromiso de garantizar el reconocimiento mutuo de la paternidad entre los Veintisiete y poner así fin a la inseguridad jurídica que actualmente impide a algunas familias LGBTIQ+ trasladarse o establecerse donde deseen en la UE y deja, en algunos casos, a los niños temporalmente apátridas.

El número sorprendentemente elevado de aportaciones enviadas a la Comisión en el marco de la consulta y el contenido de los mismos dicen mucho de la complejidad de la cuestión y del trabajo legislativo que queda por delante. En total, la Comisión registró 760 respuestas. Y, aunque estas consultas suelen ser más populares entre las ONG, casi todas (95,13%) las respuestas procedieron de ciudadanos europeos, la mayoría de ellos húngaros. De hecho, Hungría es el Estado miembro más representado entre los encuestados, con el 31% de las contribuciones (233 en total). Le siguen Eslovaquia (177 opiniones - 23% de las contribuciones), la República Checa, y luego Francia, Alemania, Polonia e Italia. El contenido de las aportaciones varía desde el estímulo hasta la fuerte crítica.

Entre las contribuciones a favor del proyecto está la de la Asociación Europea de Registradores Civiles (EVS), organización que agrupa a las asociaciones de registradores civiles de Bélgica, Estonia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia y los Países Bajos.

La asociación afirma que los ciudadanos de la UE "están necesitados y no pueden hacer suficiente uso de su derecho a la libre circulación". Afirma que "los hechos y las decisiones judiciales y administrativas sobre el estado civil adoptadas en un Estado miembro no siempre se reconocen o reciben un trato diferente en otro Estado miembro". Además, el SVE afirma que "el derecho de familia y el derecho internacional privado actuales de los Estados miembros son incompletos e insuficientes en las relaciones transfronterizas relativas a los actos del estado civil en general y a la paternidad en particular".

Las instituciones europeas tienen "la llave" para resolver los "conflictos transfronterizos del estado civil", según la asociación, que muestra así su "apoyo" a la iniciativa europea. La Red Europea de Apátridas, en la misma línea, recuerda en su dictamen que dos casos que se encuentran actualmente ante el Tribunal de Justicia de la UE se refieren al no reconocimiento de la paternidad.

"En ambos casos, los niños afectados corrían el riesgo de ser apátridas al nacer porque el país de nacionalidad de la madre tenía leyes o prácticas de registro de nacimientos discriminatorias", según la ONG.

La mayoría de los encuestados que expresaron su oposición al proyecto denunciaron el riesgo de infringir el principio de subsidiariedad. Un dictamen firmado por el grupo ultraconservador español CitizenGO -que se hace eco de las opiniones de organizaciones austriacas, francesas y polacas- habla de una iniciativa que "pretende violar la soberanía de los Estados miembros". "Las medidas impuestas constituyen una flagrante injerencia en el derecho de familia y en el estatuto jurídico de las personas que, en virtud de los Tratados de la UE, son enteramente competencia de los Estados miembros. La evaluación de impacto inicial de la Comisión Europea confirma este hecho", escribe la ONG búlgara Asociación Sociedad y Valores.

La Comisión reconoce en su evaluación de impacto que el derecho sustantivo en materia de filiación es competencia de los Estados miembros. Sin embargo, recuerda que "la Unión puede adoptar medidas relativas al Derecho de familia con repercusiones transfronterizas en virtud del artículo 81, apartado 3, del TFUE".

Otras muchas respuestas afirman que esta iniciativa es un "pretexto" para "obligar" a los Estados miembros a "reconocer la paternidad del mismo sexo". Todas estas aportaciones dan una idea bastante clara de los debates que se avecinan en las instituciones y, en primer lugar, en la Comisión.

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